La encrucijada de la educación superior hacia el 2030

El acelerado crecimiento que ha tenido la demanda para acceder a la educación superior durante las últimas décadas, particularmente en la región de América Latina y el Caribe, es un claro signo del valor económico y social que este nivel educativo representa, tal y como se señala en el recién lanzado reporte de UNESCO, UNICEF y CEPAL “La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030”

El Capítulo 5: “La educación superior en el ODS 4-Educación 2030”, liderado por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), brinda una mirada de alto nivel sobre los principales retos, tendencias y mecanismos de política públicas gestionados por los gobiernos de la región desde inicios de siglo.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) plantea entre sus metas centrales la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior para toda la población. En esa línea, los Estados latinoamericanos han realizado esfuerzos significativos para democratizar el acceso a través de un amplio abanico de políticas.

Por el lado de la oferta, países como Argentina, Brasil, México y Uruguay optaron por la consolidación y creación de nuevas IES públicas, con el objetivo de cubrir la creciente demanda. Además de ampliar la oferta pública, algunos países han promovido importantes medidas de financiamiento directo a los estudiantes.

La implementación gradual de la gratuidad de la educación superior ha sido un punto clave en las últimas reformas de Chile y México, mientras que países como Argentina, Ecuador, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela ya cuentan con políticas consolidadas de gratuidad universal. El capítulo 5 del informe también aborda las iniciativas regionales enfocadas en fomentar el acceso equitativo de poblaciones minoritarias y los segmentos más vulnerables. Entre estas políticas destacan medidas como las cuotas sociales y étnico-raciales en las universidades federales de Brasil o la creación de universidades interculturales destinadas a promover el acceso a formas y contenidos propios de los pueblos indígenas.

Una de las grandes tendencias en términos de reformas estructurales ha sido la adopción de políticas enfocadas en fortalecer la rectoría del Estado sobre los sistemas nacionales de educación superior. Para alcanzar dicho objetivo se crearon estructuras político-administrativos especializadas en el sector, las cuales fueron acompañadas por incrementos en el de gasto público, durante ciertos periodos.

En la actualidad son nueve países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay) los que han implementado dentro de sus ministerios, organismos dedicados a gestionar sus sistemas de educación superior, mientras que otros, como Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, optaron por la creación de ministerios con un mandato exclusivo para la educación superior.

Por otro lado, el aseguramiento de la calidad educativa, la acreditación institucional y los procesos de mejora constantes se convirtieron en uno de los ejes de política pública prioritarios en los últimos años. Casi todos los países, con excepción del Estado Plurinacional de Bolivia y las naciones caribeñas, han optado por una fórmula de intervención colegiada y para ello implementaron agencias autónomas enfocadas en asegurar la provisión de un servicio educativo con estándares de calidad. El aumento exponencial de la demanda, que se dio a inicios de  este siglo conllevó, en muchos casos, a un crecimiento descontrolado que no podía ser cubierto por la oferta pública y, por lo tanto, decantó en sistemas de educación superior abiertos a la mercantilización.

Es precisamente bajo ese contexto que las políticas de aseguramiento de la calidad jugaron un rol fundamental para depurar la oferta educativa poco cualificada, protegiendo así el derecho de los estudiantes a una educación de calidad. En algunos casos, como el peruano, cuyo proceso de licenciamiento culminó en 2020, más de un tercio de las universidades que solían operar recibieron una denegatoria de licencia, reflejando así la importancia de poner la calidad en la agenda pública.  

Finalmente, no puede dejarse de lado el impacto que ha tenido la pandemia por la COVID-19 en los sistemas de educación superior. Si bien la modalidad de educación a distancia presentaba un crecimiento importante previo a la pandemia -ya contaba con 4,3 millones de alumnos en 2017-, la crisis sanitaria forzó una transición rápida hacia la virtualidad para asegurar la continuidad del servicio educativo.

Sin embargo, aún es incierto en qué medida se aprovecharán las eventuales ventanas de oportunidad generadas por la COVID-19, ya que el determinante más importante será́ saber con qué apoyo público van a contar las instituciones para acometer reformas que optimicen el uso de la tecnología y que desarrollen las capacidades pedagógicas de los docentes en esta modalidad.

Desde la UNESCO se ha promovido un consenso internacional para que la educación superior sea vista como un bien público y social. A pesar de haber múltiples retos en esa línea, los países de América Latina y el Caribe han implementado políticas públicas que reflejan un avance en esa dirección. El capítulo 5 del reporte elaborado por UNESCO, UNICEF y CEPAL refuerza el concepto de la educación superior como un derecho y ofrece una perspectiva general sobre las principales acciones tomadas a nivel regional.

Autor

Mauricio Escribens
Analista de Políticas Junior, UNESCO IESALC

Descargue el capítulo aquí:  https://on.unesco.org/3D9DEWX