¿Cuáles han sido los desafíos y respuestas políticas en América Latina y el Caribe para avanzar hacia el ODS4 en educación superior?  

El vertiginoso crecimiento del sector de la educación superior en el mundo y específicamente en América Latina y el Caribe denota su gran valor económico y social. Su papel generador de conocimientos, innovación y dinamización social se encamina hacia contextos con una mayor justicia social, tal y como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030. 

Para analizar cómo ha actuado la región y cuáles son los retos, UNESCO IESALC lideró el capítulo Avances hacia el ODS 4 en educación superior: desafíos y respuestas políticas en América Latina y el Caribe, incluido en el reciente reporte de UNESCO, UNICEF y CEPAL La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030.  

Una de las metas centrales del ODS 4, es la ampliación de las oportunidades para toda la población para acceder a la educación superior de calidad y a lo largo de toda la vida, que ha sido abordada de diferentes maneras por los Estados de la región con la creación de nuevas instituciones, medidas de financiamiento, búsqueda de gratuidad, acceso a poblaciones minoritarias o vulnerables, entre otras, que se analizan el capítulo.  

A pesar del incremento de la matrícula en todo el mundo, la desigualdad para ingresar a la educación superior persiste y parece haberse agudizado tras la pandemia. La pobreza, las situaciones de crisis y emergencia, las altas tasas de matrícula, los exámenes de ingreso, la movilidad geográfica y la discriminación son los principales obstáculos para acceder a la educación superior.

En los últimos 20 años, la tasa de matriculación aumentó de 19% a 39% en todo el mundo, siendo América Latina y el Caribe la segunda región del mundo que más ha crecido. Sin embargo, el crecimiento es desigual entre países pobres y ricos y las brechas tienden a incrementarse.

Las mujeres aumentaron su participación, incluso por encima de los hombres – 128 mujeres asisten a la educación terciaria por cada 100 varones-, sin embargo, optan por carreras asociadas a sus roles de cuidadoras (salud, bienestar, educación) y a ciencias sociales, lo que profundiza las inequidades de acceso asociadas al género. 

También en otras poblaciones se acentúan las desigualdades: la tasa bruta de matriculación es del 40%para la población indígena, 45,5% para la población afrodescendiente y 71,9% para el resto, y estas brechas han aumentado en el último quinquenio.  

Las demandas sociales de democratización y universalización del acceso a la educación superior fueron atendidas por algunos Estados de diversas maneras: a través de agencias de calidad, de la provisión de igualdad de oportunidades, de la gestión de políticas de financiamiento y/o la creación de programas más pertinentes en consonancia con las necesidades de los mercados. 

Asimismo, algunos países tomaron medidas para apoyar el acceso a la educación superior de jóvenes desfavorecidos o vulnerables y promovieron en el sector no universitario programas de estudio de menor duración para dar respuesta a los sectores productivos. 

Entre 2000 y 2015 se destinaron más recursos para el gasto público y se constató la necesidad de una educación superior pertinente y de calidad, ajustada a las exigencias y, en la mayoría de los Estados, se crearon estructuras político-administrativas especializadas para gestionar el sector. Incluso, muchos países han generado sistemas de información específicos para fortalecer procesos de decisión, monitoreo y coordinación, así como sistemas de aseguramiento de calidad.  

• La inclusión de la educación superior en la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 tuvo un efecto notable en las instituciones, reafirmando su compromiso público con la sostenibilidad más que respondiendo directamente al objetivo específico relativo al acceso a la educación superior  

• Hay un cierto número de países donde en los últimos años se han desplegado estrategias destinadas a expandir el acceso, democratizándolo con mejoras económicas de acceso y ayudas financieras, así como se ha intentado ampliar la cobertura pública para mejorar las tasas de acceso.
  
• Se estima que el cierre de las instituciones de educación superior como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 afectó aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior. La mayoría de las instituciones no estaba preparada para la educación en línea. 
   
• No todos los gobiernos respondieron con igual celeridad a la pandemia, aunque el abanico de respuestas fue similar en tres frentes simultáneos: económico, tecnológico y pedagógico.  
  

• Los efectos y las eventuales ventanas de oportunidad generadas por lapandemia seguirán marcando el sector de la educación superior durante los próximos años.  

• El determinante más importante será saber con qué apoyo público van a contar las instituciones para acometer reformas que optimicen el uso de la tecnología y que desarrollen las capacidades pedagógicas de los docentes, condiciones indispensables para que la hibridación sea un éxito.
   
• Los vínculos entre educación superior, investigación, innovación y desarrollo seguirán planteando desafíos a la región, en un contexto en el que los gobiernos deberán decidir acerca del valor estratégico del sector como una apuesta de futuro.
  
• Se requiere conceptualizar la educación superior más allá de las propias universidades, para así incrementar el acceso a través del fortalecimiento de la educación técnica y la capacidad de movilidad efectiva entre las distintas ofertas formativas.