La entrada en vigor del Convenio Regional y sus implicaciones para los jóvenes de América Latina y el Caribe

El Convenio Regional para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe (en lo sucesivo, el Convenio 2019) entró en vigor el pasado 23 de octubre. A fecha de hoy, cinco Estados Parte han ratificado este instrumento jurídicamente vinculante, lo que significa que las obligaciones quedan sujetas a las disposiciones de este, mientras que cualquier insuficiencia de previsión de los Estados Parte podrá subsanarse a través de las modificaciones previstas en el acuerdo. De manera supletoria rigen las disposiciones del derecho internacional.

El Convenio 2019 abre un abanico de oportunidades para construir un marco regional para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior inspirado en principios y valores compartidos. Este catálogo axiológico que inspira al Convenio 2019 se expresa en el compromiso de ofrecer un reconocimiento justo, oportuno y recurrible a todo aquel que disponga de estudios, diplomas o títulos conferidos en el extranjero (Justicia); el ejercicio en pie de igualdad del derecho de acceso a la educación superior (Dignidad Humana); la adopción de medidas para facilitar la continuación de estudios en instituciones de educación superior a los titulares de estudios, títulos y diplomas de los otros Estados Parte, siempre y cuando satisfagan los requisitos de admisión en el programa académico escogido de acuerdo con la legislación nacional (Equidad); y consideraciones -a través de construcciones normativas propias- cuando se trate de personas refugiadas o desplazadas que no dispongan de las pruebas documentales necesarias para el reconocimiento (No Discriminación), amén de algunos otros valores.

El Convenio 2019 también promete servir de instrumento de tracción de la movilidad estudiantil, con mayor intensidad asociada a políticas regionales concomitantes de la movilidad académica-, en la región latinoamericana y caribeña. Esto no es poco decir, dado que se trata del bloque geográfico que registra la menor tasa de movilidad estudiantil del planeta (América Latina y el Caribe, 1,3%; Asia Meridional y Occidental, 1,7%; América del Norte y Europa Occidental, 2,1%; Asia Oriental y Pacífico, 2,1%; Europa Central y Oriental, 2,2%; Estados Árabes, 4,5%, África Subsahariana, 4,7%; Pequeños países insulares en Desarrollo, 7,4%; y Asia Central con 14,4%. En promedio, la movilidad estudiantil sólo representa el 2,6% de la población estudiantil matriculada en instituciones de educación superior, dato que advera que la movilidad estudiantil sigue siendo el privilegio de pocos (UNESCO-IESALC, 2022).

Los datos muestran igualmente que el 40% de la movilidad estudiantil sigue dirigiéndose a cuatro países anglófonos (EE.UU, Reino Unido, Canadá y Australia), lo que refuerza el dominio de la lengua inglesa y el poder blando de las naciones, por activa o por pasiva.

Dado que los jóvenes conforman mayoritariamente los flujos de la movilidad estudiantil, y siendo dable en pensar que avanzamos hacia un escenario social más equitativo en el que la mayoría de nuestros jóvenes están vinculados al sistema de educación superior, la entrada en vigor del Convenio 2019 se convierte en un instrumento valioso para aprovechar el potencial del dividendo demográfico al abrazar prácticas de reconocimiento -siempre dentro de los límites de las legislaciones nacionales- que permitan el reconocimiento de estudios parciales, aprendizajes abiertos y a distancia, consideraciones para refugiados y migrantes, trayectorias educativas más largas e internacionalizadas, entre otras, cuya incidencia aun no percibimos en su justa media en el empleo y la circulación de talento.  

Los derechos humanos no han favorecido a todos del mismo modo. No nos han traído al mundo que todos, o al menos la mayor parte de los seres humanos aspiramos. En el ámbito de la educación superior son muchos los avances alcanzados, pero también son enormes las deudas arrastradas en cuanto al goce y disfrute del derecho a la educación superior desde la arista del reconocimiento de las cualificaciones académicas obtenidas en el extranjero.  

Somos  muchos los convencidos de que los frutos del Convenio 2019 serán prontamente cosechados, hasta sacar del embalsamiento poco operante en que se encuentra el reconocimiento de cualificaciones extranjeras en nuestra región.  El potencial no liberado de ese reconocimiento a estudiantes y profesionales, uno más justo, oportuno y ampliado, es indudablemente una oportunidad para catalizar las potencialidades de la internacionalización de la educación superior intrarregional, así como la cooperación y la integración regional vehiculada por la educación; aprovechar el talento humano en su continuo desplazamiento, sea forzoso o voluntario; amortiguar las consecuencias que en ocasiones implican las desigualdades culturales para la inserción laboral de extranjeros en los países de acogida, y brindar más y mejor educación a nuestros jóvenes.

Y, ya para corolario, el pasado 05 de marzo entró en vigor la Convención Mundial para el Reconocimiento de Cualificaciones de Educación Superior. Ésta busca extender los principios de los cinco convenios regionales de educación superior de la UNESCO, así como la complementariedad y el refuerzo mutuo. Con la Convención Mundial se reafirma una vez más el derecho de las personas a que se evalúen sus cualificaciones con el fin de solicitar admisión en estudios superior o búsqueda de empleo; una conquista que aún demandará mucho trabajo y negociaciones, pero que también abre grandes perspectivas de futuro para la movilidad estudiantil y profesional.

Autor:

José Antonio Quinteiro Goris