Nueva Nota de Políticas identifica los países que reconocen oficialmente el derecho a la educación superior 

El derecho a la educación superior está integrado al derecho humano a la educación y es crucial para fomentar la equidad y la movilidad social en la sociedad. Su reconocimiento en la legislación nacional indica el objetivo de los países de proporcionar oportunidades de aprendizaje en la educación superior inclusivas, equitativas y de calidad para todos. 

Los datos del Observatorio de Políticas de Educación Superior revelan que menos de 4 de cada 10 (37%) países en el mundo reconocen el derecho a la educación superior en su legislación nacional. No hay un vínculo claro entre el nivel de ingresos de un país y el reconocimiento de este derecho. Sin embargo, hay variaciones importantes en la proporción de países que reconocen este derecho entre las regiones del mundo. En Europa Central y del Este, América Latina y el Caribe, Asia Central, y Asia Meridional y Occidental, la mayoría de los países reconocen legalmente el derecho a la educación superior.

En contraste, este reconocimiento es inferior al 20% en Asia Oriental y el Pacífico, y América del Norte y Europa Occidental. Estos hallazgos sugieren que el reconocimiento legal del derecho a la educación superior está más impulsado por consideraciones políticas y socioculturales que por el ingreso de los países. 

Reconocer este derecho es solo el primer paso, ya que los gobiernos necesitan implementar políticas para asegurar que todos tengan iguales oportunidades de acceder, tener éxito y beneficiarse de la educación superior. Estas políticas, que varían según el contexto local, pueden incluir ofrecer educación superior gratuita, proporcionar becas específicas e invertir en servicios de asesoramiento para estudiantes de grupos subrepresentados. 

Algunos países pueden haber adoptado políticas alineadas con este principio sin relacionarlas explícitamente con el objetivo de garantizar el derecho a la educación superior. Sin embargo, incluir este derecho en la legislación puede fomentar su cumplimiento efectivo y construir un entendimiento común sobre los propósitos de la educación superior. 

En general, los gobiernos, especialmente de los países más ricos, deberían poner el reconocimiento del derecho a la educación superior en su agenda inmediata para promover la equidad y la inclusión en la sociedad y sostener el progreso social y económico. Además, participar en la conversación global sobre el derecho a la educación superior para discutir prácticas prometedoras para mantener este principio podría ser un motor poderoso para el avance de la educación superior y la movilidad social en todo el mundo. 

Consulta la Nota de Políticas 10 de UNESCO IESALC sobre qué países reconocen el derecho a la educación superior en todo el mundo aquí.